El Poder Judicial dominicano inició este viernes 27 la primera audiencia de seguimiento del Programa Tratamiento bajo Supervisión Judicial (TSJ), que en esta etapa se realiza con 6 personas que tienen problemas de drogas.
El magistrado Saulo Isabel Díaz, explicó que los beneficiarios del TSJ son personas que cometen delitos menores, y se le impone como sanción recibir un tratamiento, el cual se ejecuta con profesionales de la conducta y bajo el seguimiento del juez de ejecución.
La primera audiencia de seguimiento del Programa TSJ, inició con un acto realizado en el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en Ciudad Nueva; encabezado por autoridades judiciales, del Consejo Nacional de Drogas y la Defensa Pública, en donde el padre Rogelio Cruz dictó una charla de motivación a los presentes.
El magistrado Saulo Isabel Díaz, explicó la importancia del Programa, que además de ofrecer ayuda al drogodependiente busca descongestionar las cárceles del país.
“Que no sigamos en la justicia con personas que cometen delitos leves, y tú los encierras y vuelven, porque no se les da el remedio judicial debido, este es un programa de tratamiento para cambiarle su problema de consumo de drogas”, explicó Isabel Díaz
Durante su animada charla el Padre Rogelio Cruz afirmó que es necesario que “nos comprometamos con la construcción de un nuevo mundo” donde estén presentes en primer lugar Dios, luego la solidaridad, el amor y la esperanza.
En la actividad también estuvo presente el intérprete de música urbana Evelino Junior Figueroa Rodríguez “El Lápiz Consciente”, quien ofreció unas palabras de motivación.
El Proyecto piloto de TSJ funciona en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que preside la magistrada Kenya Romero, quien explicó la dinámica del programa, primero se realiza la función de captación del imputado con problemas de drogas, se evalúa a través de un trabajador social, sicólogos y siquiatras, que facilita el Ministerio de Salud Pública; con ese informe médico se le remite a la fiscalía y la defensa técnica del imputado y se le pregunta si quiere entrar al programa de TSJ, por lo que se llega a un acuerdo sobre una suspensión condicional o un juicio penal abreviado, el que es homologado por la jueza, quien fija las condiciones del cumplimiento.
La etapa de cumplimiento de la sanción, que sería un tratamiento médico, se realiza con el seguimiento del Juez de ejecución de la pena del Distrito Nacional, donde se ejecuta la iniciativa. Tiene una duración de 12 a 18 meses.
El drogodependiente que puede entrar al Programa es aquel que cometen delitos menores, tales como violación a la ley 36, robos simples, golpes y heridas voluntarias que no causen lesión permanente, y violencia intrafamiliar que no cause una lesión grave, siempre y cuando el imputado no tenga un historial de violencia.
Ese tipo de iniciativa es saludada por la magistrada Romero, quien consideró que es parte de la justicia moderna.
“Yo creo que más que una labor judicial, esta es una labor te hace un mejor ser humano. Cuando tu puedes mezclar tu trabajo como operador de justicia y lo de la coerción con lo de la justicia terapéutica, tú te sientes realizado porque el Poder Judicial está dando el remedio adecuado; y nosotros estamos dando el abordaje a la justicia moderna, el abordaje de justicia terapéutica, que no muchos países la tienen, sino que siguen todavía en la represión. El problema de consumo de sustancias controladas es un problema de salud pública, porque es una enfermedad crónica y recurrente”, explicó.
El Programa Tratamiento bajo Supervisión Judicial fue lanzado formalmente el 14 de junio de 2013, mediante un acto realizado en la sede de la Suprema Corte de Justicia y tiene como objetivo ofrecer tratamiento, rehabilitación y reinserción a los infractores dependientes de drogas, como medida alternativa a su proceso penal o privación de libertad.
El proyecto es impulsado por el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional de Drogas, el Ministerio de Salud Pública y la Oficina Nacional de Defensoría Pública, con el apoyo de la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD)-OEA.
Ese tipo de tribunales ha sido implementado en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Chile, países en donde ha dado excelentes resultados.
La República Dominicana realizó un estudio de viabilidad del Proyecto Modelo en el país, según el cual el 70% de las personas que delinquen tienen problemas con el consumo de drogas y se ven compelidos a violar la ley para poder satisfacer la dependencia.
La mesa principal estuvo integrada por el Padre Rogelio Cruz, el intérprete de música urbana Avelino Junior Figueroa Rodríguez “El Lápiz Consciente”; la magistrada Adalgisa Castillo, jueza de la Ejecución de la Sanción de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional; el doctor Fidias Aristy, presidente del Consejo Nacional de Drogas; la licenciada Yildalina Tatem Brache, directora de Políticas Públicas del Poder Judicial, y la psicóloga Luz Jáquez.
Estuvieron presentes también los jueces de ejecución de la pena: Richard Aquino de Santo Domingo, Willie de Jesús de San Cristóbal, Rubén Darío Cruz Uceta de Santiago, Manuel González de La Vega, Fernando Fernández del Distrito Nacional, Henry Caraballo Matos de Barahona, Pedro Ulloa de Puerto Plata y Crispín Tatis Valerio de Montecristi.
DIVISIÓN DE COMUNICACIONES DEL PODER JUDICIAL