Suprema Corte de Justicia y Procuraduría General de la República firman acuerdo antidoping
Noticia publicada el martes, 13 de febrero de 2007
La Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República suscribieron un acuerdo interinstitucional con la finalidad de realizar la prueba antidoping al personal que labora en el Poder Judicial.
Las pruebas se harán a través del Instituto de Ciencias Forenses (INACIF), dependencia de la Procuraduría General de la República, tras explicar que el Pleno del Alto Tribunal de Justicia no tuvo objeción, además de que resulta más económico, luego de ver otras ofertas, pero sobre todo por la credibilidad que posee dicha institución.
El magistrado Subero Isa dijo que el examen antidoping, al cual será sometido todo el personal que labora en el Poder Judicial, “será obligatorio” y por ende la permanencia del empleado en su función dependerá de los resultados que arrojen dichos exámenes.
Señala que los primeros que se someterán a la prueba serán los jueces del Pleno de la Suprema Corte de Justicia.
El doctor Subero Isa felicitó al procurador general de la República licenciado Radhamés Jiménez Pena y al director de INACIF, ingeniero Francisco Manuel Gerdo Rosales por la forma en que han manejado el tema antes de llegar a un acuerdo.
En tanto el licenciado Jiménez Peña señala que el acuerdo se enmarca dentro de las relaciones armoniosas que tienen el Máximo Tribunal de Justicia y la Procuraduría General de la Republica.
“Con ello se busca darle al país una prueba de transparencia de lo que es el ejercicio de sus atribuciones y sobre todo de lo que debe ser el comportamiento de sus integrantes de cara a la sociedad”, expresa Jiménez Peña.
Se estableció que el Instituto de Ciencias Forenses debe practicar los análisis e investigaciones científicos y técnicos requeridos por las autoridades judiciales.
El acuerdo, firmado en el salón Multiuso de la Suprema Corte de Justilla, contempla, además, que las pruebas estarán basadas en el uso de las drogas más comunes, como son la cocaína, marihuana, opiáceos y anfetaminas.
El 14 de septiembre del año 2006 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dictaminó que todos los jueces, funcionaros y empleados del Poder Judicial fueran sometidos a la prueba para la identificación de drogas y sustancias controladas.