Discurso pronunciado por el Doctor Jorge A. Subero Isa, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, en el acto de apertura de la XIII CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA
Noticia publicada el martes, 20 de junio de 2006
Señor
Dr. Leonel Fernández Reyna,
Presidente de la República Dominicana.
Señor
Magistrado Francisco José Hernando Santiago,
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España, y Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Señor
Rafael de Barros Monteiro Filho,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Brasil y propuesto Secretaría Pro-Tempore décimo cuarta Cumbre Judicial Iberoamericana.
Señores
Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y Presidentes de Consejos de la Judicatura de Iberoamerica y representantes.
Señores
Invitados especiales y observadores internacionales.
Señores
Miembros del Cuerpo Diplomático y Consular acreditados en el país.
Autoridades civiles y militares de la Nación.
Damas y caballeros:
A nombre del Poder Judicial dominicano les damos la más cordial y ardiente bienvenida a esta tierra de sol, sal y playa. País que al decir de nuestro Poeta Nacional Pedro Mir, se encuentra colocado en el mismo trayecto del sol. Oriundo de la noche.
Prometemos que esta décimo tercera Cumbre Judicial Iberoamericana será histórica, memorable, pero sobre todas las cosas: inolvidable.
Durante estos días la República Dominicana se convierte en el corazón judicial de iberoamérica.
La agresiva política exterior desplegada por nuestro Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, iniciada en su primer período de gobierno (1996-2000) y continuada en su actual gestión, ha colocado a la República Dominicana en el mapa mundial de las relaciones internacionales, ándolo entre los países de mayor presencia en los foros internacionales, principalmente entre los países centroamericanos, caribeños e iberoamericanos.
En este mismo mes de junio se celebraron en nuestro suelo dos importantes eventos internacionales: la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana y Segunda Cumbre sobre la Iniciativa Energética Mesoamericana, así como la trigésimo sexta Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Hoy, con el arribo a esta Asamblea Plenaria que inaugura la décimo tercera Cumbre Judicial Iberoamericana con el tema Referentes iberoamericanos de Justicia: una respuesta frente a los retos de la Sociedad del Conocimiento cumplimos el mandato que establecieran la octava Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y el cuarto Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura, celebrados respectivamente en El Salvador y Honduras en el 2004, y que tomaron la resolución de unificar en una sola red, con el nombre Cumbre Judicial Iberoamericana, los trabajos y esfuerzos que hasta ese momento se venían desarrollando por separado.
El camino recorrido hasta aquí por los delegados de los órganos de gobierno de los sistemas judiciales de los países iberoamericanos ha sido fructífero e innovador, como lo ha sido para cada edición previa de las Cumbres y Encuentros. Pero esta edición decimotercera implica, además de la primera sesión conjunta de ambos tipos de órganos de la estructura judicial de nuestros países, un hito de otra naturaleza, por el tema o eje central y por los insumos que se trae a estas dos jornadas para la formulación de acuerdos y el consenso sobre estrategias y políticas iberoamericanas en materia judicial.
Ya antes hemos tenido resultados de extrema importancia en tanto referentes, como la Carta de derechos de las personas ante la Justicia en el ámbito iberoamericano y el Estatuto del Juez Iberoamericano. Y el trabajo en red ha venido avanzando sistemáticamente, con la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial, la Red Iberoamericana de Documentación Judicial y el Centro Iberoamericano de Capacitación Judicial Virtual.
Cuando en la última edición de la Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos propusimos como eje temático para esta décimo tercera Cumbre Judicial los Referentes iberoamericanos de Justicia: una respuesta frente a los retos de la Sociedad del Conocimiento teníamos conciencia de que al amparo de este tema de reflexión y trabajo vinculado, desarrollaríamos aspectos sobre los cuales apenas vislumbrábamos su dimensión y alcance, aunque sí éramos plenamente conscientes de su importancia.
Esta Asamblea Plenaria, al conocer para su adopción un Código Modelo de Ética Judicial para los países iberoamericanos, además de contribuir a la fortaleza de la función judicial, creando un referente regional y cultural, vislumbra una estrategia de respuesta a la necesidad de contar con instrumentos que nos pongan al día frente a los intercambios inexorables, tanto entre los sistemas particulares de justicia de cada país con realidades y requerimientos de estos tiempos, como frente a las demandas que la globalización y la sociedad del conocimiento nos imponen. Se trata de un marco común para la búsqueda de la excelencia judicial.
La versión de código que será presentada ante esta plenaria, es el fruto de la comparación de los textos similares adoptados por varios países de la región, enriquecido con valores presentes en otros países externos a la región iberoamericana. Estamos confiados de que el mismo se convertirá en una herramienta básica y sin precedentes para la prevención de la corrupción en los fueros judiciales de iberoamérica.
Igual ocurre con el proyecto de Sistema Iberoamericano de Información Judicial, que busca, mediante el mapa judicial iberoamericano y el tablero de experiencias, incrementar el intercambio fluido entre nuestras sociedades en cuanto al conocimiento de las estructuras, normativas y experiencias de gestión de la Justicia.
Perseguimos vertebrar la cooperación y concertación entre los sistemas de justicia que conforman esta comunidad iberoamericana de naciones. Su importancia radica en la potencialidad del mismo para elevar el grado de integración de los sistemas judiciales de la región, a través de la transferencia de conocimientos y experiencias sobre dists problemas que se experimentan casi de forma idéntica en los diferentes países del área. Haciendo operativos todos los proyectos que nazcan de la discusión entre los representantes de los sistemas judiciales de iberoamérica.
Los resultados del estudio y los eventos de discusión sobre la e-justicia que abordan el uso, adecuación recíproca y desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en la gestión del sistema de justicia en nuestros países, sus recomendaciones y propuestas, constituyen un punto que avizora el nuevo siglo, la nueva etapa de desarrollo de la Justicia como servicio público y como ente legitimador, armonizador y forjador de cohesión social.
La e-Justicia, se presenta ante nosotros ya no como una promesa, sino como una realidad en crecimiento que impone nuevas modalidades de gestión, de generación y manejo de información, de consulta y de toma de decisiones.
Ante nuestros ojos está creciendo la Justicia del Siglo veintiuno, de la mano del avance tecnológico y la transparencia en el acceso a la información, con nuevos roles y mandatos para todos los que operamos en el sistema y sobre todo para el ciudadano y la sociedad como destinatarios finales de lo que hacemos. Esta Asamblea deberá adoptar resoluciones y estrategias que nos hagan avanzar de manera decidida en este campo.
Es comprensible que los diferentes subsistemas de gobierno y cohesión en cualquiera de nuestros países se planteen en mayor o menor grado una aparente disyuntiva: por un lado, atender los viejos problemas, heredados de décadas de esquemas de desarrollo fallidos y malas prácticas de gestión, o por otro lado, atender a los urgentes desafíos de la globalización y la sociedad del conocimiento.
No por casualidad, nuestro jefe de Estado aquí presente, en ocasiones previas ha señalado que la agenda no es una ni la otra, sino ambas. Decimos que no por casualidad, porque el Dr. Leonel Fernández Reyna es uno de los dirigentes nacionales y regionales más comprometidos y conocedores de lo que implica la sociedad del conocimiento. Y es que sólo con una acción complementaria en ambas dimensiones de las necesidades sociales estaremos en condiciones de superar los déficit que nos agobian.
En el Poder Judicial dominicano hemos entendido desde el inicio de las reformas, allá en 1997, que al tiempo que debíamos resolver graves problemas de gestión derivados del pasado, teníamos que avanzar impetuosamente en el desarrollo de recursos humanos y técnicos que viabilizaran la entrada en las nuevas realidades de las que ya a principios de los 90 nos hablara Peter Drucker.
De ahí el esfuerzo por dotar cada vez más de competencias modernas a los responsables del poder judicial. Y también, en la medida en que el desarrollo económico y tecnológico del país se ha ido afirmando, en la medida en que crecemos y somos escenario de transacciones económicas globales, el Poder Judicial dominicano ha ido recibiendo requerimientos de competencias y atributos totalmente nuevos. Y consistentemente se ha ido fortaleciendo.
La crisis política generada en nuestro país a consecuencia de las elecciones generales del año 1994 originó una modificación a la Constitución de la República, que estableció entre otros puntos, la celebración de nuevas elecciones presidenciales en el año 1996 y un nuevo sistema de designación de los jueces integrantes del Poder Judicial.
Las elecciones se celebraron en la fecha programada, pero para la reestructuración de la judicatura nacional hubo que esperar el ascenso al poder de un Presidente, hijo de esas elecciones del año 1996, con la firme decisión y voluntad política requerida que pusiera en funcionamiento la maquinaria constitucional que había sido aprobada en el año 1994, concertando con las diferentes fuerzas políticas y sociedad civil de la nación, en una especie de Pacto por la Justicia, logrando en un histórico 3 de agosto de 1997 que el Consejo Nacional de la Magistratura, haciendo su debut en la historia del país, escogiera 13 de los actuales 16 jueces que integran la Suprema Corte de Justicia.
Hasta el año 1997 no existía en la República Dominicana independencia judicial, ni escuela judicial, ni carrera judicial, ni una sola computadora en los tribunales. Las condiciones físicas de los locales judiciales eran deplorables; las condiciones de vida de nuestro capital humano eran lastimosas. El más moderno sistema de climatización existente, y lo era en pocas salas de audiencias, consistía en abanicos de techos.
En la actualidad contamos con tecnología inalámbrica para acceso al Internet en todas las áreas de éste edificio que permite a los abogados y demás usuarios de los servicios de justicia, consultar desde una laptop o una PDA, nuestra base de datos y cualquier otro tipo de información que se encuentre disponible a través de la Internet para fines de consulta, facilitando de esta manera el acceso a la información.
La actual Suprema Corte de Justicia, desde el año 1997, ha producido una verdadera revolución en todo el territorio nacional. De una estructura arcaica, obsoleta e inoperante, hemos convertido el aparato judicial en una maquinaria moderna, dotándolo de una independencia orgánica y funcional, donde los demás poderes públicos han protegido y respetado esa independencia.
Gracias al concurso de toda la cooperación internacional, el empuje de la sociedad civil y el nivel de compromiso y responsabilidad asumido por los sectores políticos, ha sido posible realizar una gran parte de las transformaciones necesarias, lo que de paso nos permite hablar de un nivel de avance sin precedentes en la República Dominicana.
Sin embargo, quedan como tareas pendientes del proceso de reforma judicial, las relativas a la eficiencia y acceso a la justicia, las cuales han de ser parte de la segunda ola de reforma con la que el Poder Judicial de la Nación se encuentra comprometido, como parte de las transformaciones en la era de la Sociedad del Conocimiento, y así asumir el gran desafío que representa la inserción en el denominado “nuevo paradigma de desarrollo”.
Estamos conscientes que el desarrollo humano y económico del país está asociado a su desarrollo institucional, y de manera preponderante a la existencia de un Poder Judicial que garantice la independencia de los jueces, como presupuesto necesario para la seguridad jurídica que debe brindar un Estado Democrático de Derecho.
Un buen Poder Judicial es un instrumento necesario que contribuye a forjar la paz social, al equilibrio de los poderes públicos y a la estabilidad, que es la base del crecimiento económico y garantía del desarrollo y florecimiento de todas las manifestaciones de la vida humana.
Los estudiosos de las teorías de crecimiento asignan extrema importancia a las instituciones y entre ellas distinguen especialmente a la justicia. Estas corrientes económicas han convencido a los organismos internacionales de crédito de la necesidad de mejorar los sistemas judiciales de los países en vías de desarrollo, ya que para que la actividad económica se desarrolle con capacidad innovadora es crucial que las normas sean claras y transparentes y que se cumplan rigurosamente, es decir, que haya seguridad jurídica.
Asimismo, la poca confiabilidad de un sistema judicial en la protección de los derechos de los particulares que contratan con el Estado, desalienta y en ocasiones excluye las contrataciones con éste, encareciendo de una u otra forma las compras y contratos que el Estado realiza.
La necesidad de un adecuado marco institucional para el desarrollo económico está fuera de discusión y la justicia es una parte esencial del mismo, sobre todo en la actualidad, en que uno de los aspectos más relevantes que caracteriza a los países que se mantienen estancados en el umbral de la pobreza es la escasa seguridad jurídica de sus ciudadanos, deficiencia que algunos consideran más determinante que la escasez de medios financieros.
Un buen clima de inversiones descansa en tres factores principales. A saber: la existencia de espacios de rentabilidad, la gobernabilidad de la economía y la paz social. Respecto de estos temas, la situación hoy es muy distinta de la que existió en décadas pasadas en la historia económica del país en la que la seguridad jurídica era ficticia y el riesgo país era muy alto.
La percepción de seguridad jurídica, se considera “elemento incentivador para las inversiones”, y para éstas es fundamental disponer de un marco regulador que funcione bien, que sea receptor de las inversiones y de una estabilidad macroeconómica que garantice flujos de inversión directa, por lo cual debe ser preocupación de cualquier Estado el mantenimiento de la seguridad jurídica.
Estudios realizados en varios países, señalan que la percepción sobre la independencia y eficacia de la justicia es un factor más importante que las regulaciones existentes para la creación de empresas o que la incidencia de los impuestos; esto se evidencia aun más en los llamados países del primer mundo, donde el grado de seguridad jurídica es directamente proporcional a su productividad; a menor seguridad menor productividad y a mayor seguridad mayor productividad.
En el ámbito empresarial, cuando existen deficiencias en la seguridad jurídica para impulsar actividades coherentes con el modelo económico programado, falta de claridad normativa y las normas existentes no se cumplen, las consecuencias van más allá de la injusticia que supone que alguien se beneficie de su incumplimiento: tiene efectos externos negativos sobre el conjunto de la comunidad.
La República Dominicana ha registrado durante el período 1997-2006, período que le ha correspondido a la actual Suprema Corte de Justicia dirigir el Poder Judicial del país, un crecimiento notable de su economía, obteniendo en el año 2005 una de las tasas más altas de América Latina: 9.3% , y según datos del Banco Central de la República Dominicana, esta cifra es aún más significativa si tomamos en cuenta que la tasa de inflación para ese año fue de apenas 7.44%, y en el primer trimestre del presente año de 1.52%.
Pero, además, en ese mismo período las inversiones directas en el país han crecido en 113.6%, con crecimientos anuales entre un 20% y un 50%. En el año 1997 la inversión directa en el país era de 420.6 millones de dólares, pasando en el año 2005 a 898.8 millones de dólares, año de inicio de nuestra gestión.
El año 2006 se presenta aun más halagador. El crecimiento económico en el primer trimestre fue de 12.6%, cuando la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) lo proyecta para América Latina y el Caribe en un 4.6%.
Sabemos que las reformas iniciadas hace menos de diez años no han agotado la doble agenda pendiente. Hemos abogado, desde hace varios años ya, por una segunda ola de reformas para que definitivamente nos convirtamos en un Poder Judicial capaz de dar respuesta a una sociedad de Tercera Ola, como estableciera Alfil Toffler hace varias décadas.
Este es el escenario que nos envuelve. El de una sociedad global en cambio. El de una sociedad local que también cambia, a veces sin conciencia de ello. El intercambio, el flujo y el aprendizaje colectivo que propicia el trabajo en red en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana nos impulsa y nos fortalece, generando la certeza de que no estamos solos al atravesar este umbral de los tiempos.
El suelo patrio se siente orgulloso de darles cabida a ustedes, prestantes visitantes extranjeros, vistiéndose la República con sus mejores galas para recibirlos, esperando que al concluir esta Cumbre se lleven en su corazón un pedacito de un país que se encuentra empeñado en desarrollarse y seguir colocado en el mismo trayecto del sol.
Gracias, de todo corazón, a quienes han puesto de sí mismos, autoridades judiciales y delegados técnicos, en este lapso en que hemos ocupado la Secretaría Pro-Tempore. Entregaremos esta función en esta Asamblea con la satisfacción de que estamos dando pasos ciertos.
Muchas gracias!
DR. JORGE A. SUBERO ISA,
Presidente de la Suprema Corte de Justicia
Santo Domingo, D. N.
21 de junio de 2006.-