El Poder Judicial de la República recibiría de aprobarse el presupuesto de la Nación tal como fue sometido por el Poder Ejecutivo el menor porcentaje de los últimos 10 años en relación con la partida que le corresponde de 2.66% establecida en la Ley 194-2004. En el año 2011 ha sido de un 1.28% mientras que para el 2012 sería de un 1.07%.
Solamente en el año 2006 ha sido asignada la cuota mayor durante estos 10 años con un monto ascendente a un 2.04%, cuando al Poder Judicial le fue asignada la suma de RD$3,165,514,207.
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO CON RELACIÓN AL PRESUESTO PGN
2002-2012
(Valores en RD$)
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Año
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Presupuesto General de la Nación
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Presupuesto Poder Judicial
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Participación %
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2002
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47,947,340,000
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920,000,000
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1.92
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2003
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54,152,626,970
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1,020,000,000
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1.88
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2004
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67,692,416,067
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1,149,120,000
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1.70
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2005
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129,516,422,506
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1,987,438,639
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1.53
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2006
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154,928,546,485
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3,165,514,207
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2.04
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2007
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182,605,781,332
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3,162,615,367
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1.73
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2008
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210,349,385,661
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3,546,363,317
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1.69
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2009
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212,246,125,867
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3,552,763,317
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1.67
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2010
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217,168,730,431
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3,362,204,138
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1.55
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2011
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261,689,309,285
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3,362,204,138
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1.28
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2012
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319,661,073,280
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3,416,050,138
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1.07
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*Excluye Recursos Externos, Donaciones y Fondos Especializados
Situación Salarial de los Servidores Judiciales Vs. Costo Canasta Familiar
Casi la mitad (el 45%) de los servidores judiciales (2,815) percibe un salario bruto por debajo de RD$10,000 mensuales. Otro 23 % (1,452) recibe salarios entre RD$10,001 y RD$15,000 mensuales.
Esto quiere decir que el 68% de los servidores del Poder Judicial devenga un salario por debajo de los RD$15,000 mensuales.
De acuerdo al Banco Central de la República Dominicana, el costo de la canasta familiar del 20% más pobre de la población asciende a RD$10,407.56. Para el 20% que sigue al estrato más pobre, el costo de la canasta familiar asciende a RD$15,005.43.
El 77% de los servidores judiciales (4,880) gana menos del costo promedio de la canasta familiar que se sitúa en RD$23,042.62.
Cabe destacar que:
El informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, conocido como Informe Attali, señala que “a pesar de que los informes sobre la República Dominicana muestran un sistema judicial en vías de progreso, y de que la independencia de la justicia está reconocida en la Constitución, menos del 1,2% del presupuesto del 2009 se destinó a la justicia”.
Un estudio realizado por el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), dado a conocer en el mes de abril del 2011 por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), destacó los avances del Poder Judicial en cuanto a los procesos internos de carrera, evaluación del desempeño y disciplinarios, lo que lo convierte en uno de los principales pilares de la institucionalidad en la República Dominicana.
El Poder Judicial aplica una firme política de transparencia en el manejo de las cuentas y los recursos que le son asignados. Anualmente presenta al Congreso Nacional un claro y detallado Informe de Rendición de Cuentas, siendo reseñado el correspondiente al año 2010 por el Periódico Hoy, en su edición del 22 de Marzo del presente año, como “Un buen ejemplo” que los ciudadanos y ciudadanas esperan que ocurra en todas las instituciones públicas.
A pesar de la precaria situación presupuestaria del Poder Judicial no se ha recurrido a despidos masivos, sin embargo se han mantenido congelados tanto los salarios como la nómina.
El último aumento salarial a los servidores judiciales se efectuó hace 4 años.
Asimismo hemos implementado medidas de optimización de los recursos, conformando tribunales colegiados de primera instancia con la integración de jueces de paz del mismo distrito judicial y fundiendo los servicios judiciales de atención permanente y la instrucción en distritos judiciales de baja carga de trabajo.