El Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), firmaron un acuerdo para realizar una investigación con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión operativa y planificación estratégica del Poder Judicial y políticas públicas con enfoque de equidad de género y desarrollo humano.

El acuerdo fue suscrito por el presidente del Consejo del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán Mejía, y el representante Residente Adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Roberto Gálvez, durante un acto en el Salón Multiusos de la Suprema Corte de Justicia.
El proyecto contempla la realización de una investigación a través de una encuesta a nivel nacional, que permitirá arrojar lineamientos con miras a mejorar la eficiencia en la gestión operativa e incrementar las capacidades internas del Poder Judicial en la formulación de políticas y la implementación de acciones, tendentes al fortalecimiento del sistema judicial dominicano.

Este levantamiento será realizado en el Distrito Nacional, y en las partes urbanas de las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y Santiago, abordando a la población en los recintos estatales en donde los jueces ejercen su labor de administración de justicia y una muestra por representación de las firmas de abogados que interactúan con el sistema judicial.
Los beneficiarios del proyecto serán el Poder Judicial (Consejo del Poder Judicial y Suprema Corte de Justicia), ya que dispondrá de información referente a la percepción que tiene la población acerca del servicio que brinda, permitiéndole realizar las mejoras necesarias y la población dominicana, que será la beneficiaria final.

 El compromiso

El Poder Judicial (asociado en la implementación) además de socio, será el beneficiario superior en la estructura de este convenio, y la instancia que implementará las actividades de monitoreo, seguimiento, evaluación y retroalimentación al proyecto, con el apoyo en la Dirección Ejecutiva del Proyecto, de cual forman parte el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o un representante designado, la directora de la Escuela Nacional de la Judicatura, la directora de Políticas Públicas del Poder Judicial, el Representante Residente del PNUD o su Delegado y el Oficial de Gobernabilidad del PNUD.

Según el acuerdo, dicha dirección se reunirá las veces que sea necesario, para evaluar el avance del proyecto, ajustar las acciones a fin de optimizar los resultados, entre otros puntos.

El PNUD brindará apoyo técnico para la implementación de las acciones en la ejecución del proyecto, especialmente con la vinculación de personal especializado en el diseño y montaje de metodologías, procedimientos de gestión, contratación de personal, capacitación de recursos humanos e instrumentos de soporte técnico, para la puesta en marcha del proyecto y a la vez, concertar acuerdos o alianzas estrategias que coadyuven a la consecución de los mismos.

El Poder Judicial será la instancia que implementará las actividades contempladas en este documento de proyecto; pero las dos partes serán responsables de la planificación y gestión general de las actividades del Proyecto, monitoreo y evaluación del mismo.

El convenio establece que ambas instituciones acuerdan que el proyecto tendrá su sede temporal en el Poder Judicial, los  fondos para el financiamiento del proyecto provendrán del Poder Judicial (Dirección de Políticas Públicas y la Escuela Nacional de la Judicatura) y del PNUD, que los administrará de acuerdo a sus normas y reglamentos

En la firma de dicho acuerdo estuvieron presentes los consejeros Samuel Arias y Francisco Arias, así como el licenciado Román Jáquez Liranzo, director general interino de Administración y Carrera Judicial; licenciada Gloria Cecilia Cuello, directora general Técnica del Poder Judicial; la doctora Gervacia Valenzuela, directora de la Escuela Nacional de la Judicatura y la licenciada Yildalina Tatem Brache, directora de  Políticas Públicas.

DIVISION DE COMUNICACIONES DEL PODER JUDICIAL