El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Mariano Germán Mejía, citó los cinco retos que tiene el Poder Judicial para el período 2012-2019, para dirigir la Justicia hacia un norte más brillante y transformarla en una institución con la eficiencia que merece la ciudadanía, en la conferencia “Retos del Poder Judicial organizada por la Fundación Institucionalidad y Justicia, en el hotel El Embajador.

Los cinco retos son: Afianzar con los demás órganos y poderes del Estado una cultura de respeto a la supremacía de la Constitución y de las normas relativas a los derechos fundamentales; cumplir y fortalecer los pactos, convenios nacionales e internacionales; eliminar la mora judicial en los tribunales y resolver las graves deficiencias que afectan la Jurisdicción Inmobiliaria.

También, mantener una labor constante de capacitación de los servidores judiciales, mejorar sus condiciones salariales y de servicios sociales, tecnológicas e institucionales para la prestación de los servicios del Poder Judicial; mantener una constante vigilancia sobre la conducta de los servidores judiciales, para así construir un Poder Judicial en condiciones de formar parte importante de un frente institucional contra la criminalidad; y el quinto reto es trabajar por una mejor justicia.

Al pronunciar el discurso central del evento el magistrado Germán Mejía, recordó que “lo que procuramos es visualizar el futuro, lo que implica forzosamente tomar en cuenta el pasado y detenernos en el presente, para que desde las dos primeras, visualizar la tercera, o sea, el futuro, de la justicia dominicana”.

Resaltó que el 7 de enero, en ocasión de la celebración del Día del Poder Judicial, realizó un reencuentro sobre lo que había recibido desde el punto de vista institucional, legislativo y jurisdiccional.

En cuanto al primer reto, resaltó que hasta hace poco la Constitución y el Derecho Constitucional fueron simplementes teoría, aunque frecuentaban las bibliotecas, eran ausentes casi totales de la práctica judicial, y a ningún juez le preocupaban los preceptos constitucionales para tomar sus decisiones, y así tuvo que transitar por una larga trayectoria de su vida profesional.

El magistrado Germán Mejía expresó que es a partir de 1997 cuando se inicia una nueva etapa, en la cual la Constitución dejó de ser letra muerta, para pasar a ser considerada como fundamento natural de las sentencias, corriente neoconstitucionalista que ya había hecho camino décadas atrás en Europa y parte de América; y la Suprema Corte de Justicia comenzó a forjar una conciencia judicial de apego a la Constitución y las decisiones motivadas en principios, con la Resolución Núm. 1920-03, de fecha 13 de noviembre de 2003, sobre “Medidas Anticipadas de Aplicación del Código Procesal Penal.”

Dijo que a partir de esa Resolución, el empeño del Poder Judicial por la Constitución y los principios, el número y la calidad de las decisiones en materia constitucional se multiplican; y precisó que la Constitución promulgada el 26 de enero del 2010 confirma la voluntad pública de garantizar el respeto a la preceptiva constitucional y la obligación de los servidores de la justicia de satisfacer, en sus sentencias, la necesidad del examen de dicha preceptiva.

Resaltó la creación del Tribunal Constitucional, cuyas decisiones en materia constitucional son definitivas e irrevocables, y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado (art. 184 Constitución), “y me atrevo a decir que su aparición no será causa de inestabilidad institucional”, como se temía cuando se discutían las propuestas de si debería crearse simplemente una sala a lo interno de la Suprema Corte de Justicia, con las atribuciones de administrar la justicia constitucional, o si debería adoptarse el sistema de un Tribunal Constitucional independiente al Poder Judicial.

El magistrado Germán Mejía afirmó que “la constitucionalización de todo el Derecho, aquí y en el mundo, es una realidad que no podemos desconocer, por lo que, al igual como se lo ha propuesto el Tribunal Constitucional, nuestro Poder Judicial acepta como retos: trabajar, conjuntamente con los demás órganos y poderes del Estado, por la institucionalización de un verdadero Estado social y democrático de Derecho.

Por consiguiente, es necesario desarrollar en los jueces conocimientos y destrezas sobre los conceptos constitucionales básicos y sobre la aplicación y la interpretación de la Constitución, una cultura de aplicación del Derecho Constitucional como derecho común básico y, por lo tanto, matriz de las demás ramas del Derecho, sea éste público o privado, y desarrollar en los jueces las habilidades de motivar sus decisiones en base a disposiciones respetuosas de la Constitución y el Derecho Constitucional.

“Al realizar nuestros estos retos, no echaremos pulso con ningún otro poder u órgano del Estado, seremos un brazo más para levantar las manos por la grandeza de la Patria. Tampoco aspiramos a ser imperio, sino parte de la Nación y juntos a los demás poderes y órganos contribuir a la definición de nuestra nación y del mundo”, manifestó el funcionario judicial ante un auditorio repleto de abogados, jueces y otros profesionales de la Sociedad Civil invitados por la FINJUS.

En cuanto a los convenios nacionales y extranjeros, manifestó que es obligación ineludible del Estado y en particular del Poder Judicial, reconocer que, si la Nación es soberana (art. 3 de la Constitución), también se encuentra inserta en un mundo globalizado, como miembro de la comunidad internacional y tiene que mantenerse abierta a la cooperación y apegada a las normas del Derecho Internacional General y Americano, y a las normas de las convenciones internaciones.

También cumplir los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, los cuales tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado (art. 74.4), así como cooperar con los demás países en la lucha contra la delincuencia transnacional (art. 260.1). En los últimos 15 años, el Poder Judicial ha firmado 71 convenios de colaboración con entidades especiales, organizaciones de la sociedad civil, universidades y gremios profesionales.

Destacó que en cumplimiento de las citadas disposiciones constitucionales y acuerdos firmados, el Poder Judicial acepta como reto ampliar las relaciones nacionales e internacionales, en general, lo cual tiene como consecuencia estar permanentemente en vinculación con los diferentes órganos, instituciones y países que influyen sobre la administración de justicia.

Eliminar mora judicial
El magistrado Germán Mejía destacó que el tercer reto es eliminar la mora judicial en los tribunales y resolver las deficiencias que afectan la Jurisdicción Inmobiliaria, ya que a su llegada a la Suprema Corte de Justicia hizo un inventario de expedientes pendientes de fallo hasta diciembre de 2011 encontrando 96 pendientes de fallos, los cuales han fallado.

Además, en la Primera Sala (Sala de lo Civil y Comercial), al finalizar el año 2011 y sólo durante ese año, fueron fallados 478 expedientes, quedando pendientes de fallo un total de 9,533, y luego de la toma de posesión de los actuales jueces han sido fallados 856 expedientes.

En la Segunda Sala (Sala de lo Penal) se registra la particularidad de que al entrar en vigencia la Ley Núm. 76-02 (Código Procesal Penal) los expedientes en curso fueron liquidados conformes el artículo 5 de la Ley Núm. 278-04, sobre la Implementación del Proceso Penal de la Ley Núm. 76-02, por lo que no ha habido lugar a una notoria acumulación de expedientes.

En el 2011, para conocimiento de la citada Sala ingresaron 2,151 expedientes, a los cuales se sumaron los pendientes del año anterior, y fueron fallados 2,299, quedando solamente pendientes de fallo 37; mientras que la Tercera Sala (Sala de Tierras, Laboral y Contencioso Administrativo y Tributario), al finalizar el año 2011 y sólo durante ese año, fueron fallados 554 expedientes, quedando pendientes de fallo un total de 1,212, cantidad de la que han sido fallados 568 expedientes.

Solicita auditoría
En cuanto a la Jurisdicción Inmobiliaria, destaca que los problemas más graves que afectan esa dependencia judicial, al reiterar que “hay un caos y si no lo elimino y hago de ella una entidad eficiente me consideraré fracasado. Como no estoy acostumbrado al fracaso apuesto al éxito y me he declarado en sesión permanente”; y solicitó una auditoría a la Cámara de Cuentas porque no tiene constancia de la inversión que se hizo y de la manera que se hizo.

El magistrado Germán Mejía recordó que en 1999 se inició en la Jurisdicción Inmobiliaria un programa de modernización con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$32,000.000.00 y un aporte de la Suprema Corte de Justicia de US$8,000.000.00, que sumados son US$40,000,000.00.

El programa, que se extendió hasta febrero 2006, y más adelante hasta el año 2007, perseguía simplificar los procedimientos y gestión de despachos judiciales, registros, catastros, elaboración de los reglamentos de los Tribunales, Registros de Títulos, Mensuras Catastrales, estructuración de un nuevo modelo organizacional de la Jurisdicción Inmobiliaria y el uso de nuevas tecnologías; pero no se han logrado los objetivos que se habían trazado.

Resaltó que al llegar el año 2007, no se había logrado alcanzar más del 30% de la implementación del programa, quedando pendientes inconsistencias en la información registral de títulos, errores y faltas de precisión en la información geográfica de los planos de mensura, falta de asientos registrales, etc.; todo esto, pese haberse invertido solo en la adquisición del SIRCEA (Sistema de Recuperación, Control y Explotación de Archivos), SIGAR-DRMC (Sistema de Gestión y Automatización Registral), SISET (Sistema de Seguimiento de Expedientes en los Tribunales de Tierras), SITRI Y SICyP (Sistema Cartográfico y Parcelario de la JI) la suma de US$3,037,450.73.

Añadió que al final del mes de agosto del citado año 2007, y por no tener constancia de los avances que se perseguían, se inició la segunda etapa de la Reforma con el Programa de “Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria”, mediante la concesión de un nuevo préstamo del BID, por US$10,000,000.00 y una contrapartida de la Suprema Corte de Justicia ascendente a US$8,000,000.00, por un período de tres años, que finalizaría el 30 de junio de 2011.

Posteriormente la Suprema Corte de Justicia aprobó un desembolso para completar el desarrollo de la Reforma JI, por la suma de US$15,232,718.73 con la cual la inversión en dicha Jurisdicción pasó a ser de US$65,312,718.73, los que calculados a la tasa de cambio actual (39.20), asciende a RD$2,560,258,574.21; y adicional a esta inversión, por aportes de la SCJ-BID, por concepto de tasa por servicios se aportaron a la modernización de la indicada Jurisdicción la suma de RD$330,318,669.91 para un total de RD$2,890,577,244.12.

Consideró oportuno resaltar que los desembolsos de estos recursos en el Proyecto de Modernización de la Jurisdicción de Tierras (PMJT) se manejaron a través de una gerencia compuesta por el BID y la Suprema Corte de Justicia; y para los recursos del Programa de Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria (PCJI) se definió que lo ejecutara la Dirección Técnica creada para tales fines, representada por un Consultor designado por la SCJ.

“Como no tengo constancia de la inversión realizada en la identificada Jurisdicción Inmobiliaria y de la manera en que se hizo, hemos solicitado una auditoría a la Cámara de Cuentas, de la cual estamos esperando pronta respuesta”, manifestó el doctor Germán Mejía, quien resaltó que a pesar de esta gran inversión, y haber pasado el tiempo previsto para la implementación del SIRCEA, SIGAR, SISET, SITRI y SICyP la ejecución de estos programas no alcanzan a lo sumo más que el 20%.

En tal sentido, manifestó, se ha removido personal, se han revisado las estructuras de funcionamientos, se ha dado curso al proceso de contratación del personal que hace falta, han realizado inventario de todo lo que está pendiente, han sostenido encuentros de trabajos con los magistrados y las magistradas de la Jurisdicción, se han establecido acuerdos para solucionar la mora judicial y dan seguimiento día a día a la Dirección General de Registro de Títulos y la Dirección General de Mensuras Catastrales y las dependencias de una y otra para enfrentar el caos y el retraso de los trabajos en los órganos bajo sugerencia.

“Debo confesarles que muchas interrogantes han llegado a mi mente con relación a lo que ocurrió en la Jurisdicción Inmobiliaria y sus dependencias y órganos vinculados y la única respuesta que, ante tantas irracionalidades, puedo darles es que: las intenciones pudieron ser buenas, pero su implementación fracasó. Los usuarios dicen que hoy en día estamos peor y los técnicos dicen que muchos de los proyectos hay que abandonarlos porque no conducen a una solución”, afirmó.

El magistrado Germán Mejía resaltó que su meta es que dentro de un tiempo, que no será muy lejano, pero tampoco mañana, cuando le pregunten por la Jurisdicción Inmobiliaria poder decir que “los más de seis mil documentos listos que hay en el Registro de Títulos fueron entregados, que se concluyó el proceso de tecnificación del Registro y que logramos poner los expedientes al día y no hay mora. En fin, que el sistema es confiable. Es un compromiso que ratifico ante ustedes”.

Capacitación y méritos
En su discurso también resaltó que la capacitación es el eje fundamental de la reforma de todo el sistema judicial, ya que con jueces y servidores capaces se avanzará hacia la construcción de un Poder Judicial más actualizado y más justo. “Necesitamos un Poder Judicial en el cual el juez interprete su fortaleza como la capacidad para ser justo y reconozca que su capacitación lo conduce hacia el logro de esa posibilidad día a día. Es que siendo capaz se llega más fácil y más rápido a ser justo”, dijo.

Además, expresó que se necesita un Poder Judicial que se desarrolle sobre la capacidad, la independencia, la probidad, el reconocimiento de la primacía de la Constitución como garante de los derechos ciudadanos y la existencia de ágiles sistemas procesales, pilares sobre los que se debe fundamentar una justicia pronta, oportuna, garantista y eficaz.

Resaltó que la Escuela Nacional de la Judicatura ha hecho posible que cada día haya más jueces eficientes, como fruto de un mayor nivel de capacitación y más jueces en condiciones de ofrecer una justicia más pronta y cumplida dentro de los sistemas procesales existentes, y dijo que un juez capacitado tiene condiciones para ser independiente y, por lo tanto, para arbitrar con mayor exactitud y justicia, así como para manejar con más agilidad los diferendos que la ciudadanía ponga en sus manos.
“Es la capacidad uno de los factores básicos que hemos trabajado para que los traslados y promociones de los últimos meses se lleven a cabo de conformidad con la ley y los reglamentos vigentes, sin dejar de reconocer que es necesario mejorar todo el Sistema de Ascensos, traslados y evaluación”, resaltó.

El magistrado Germán Mejía resaltó que el desarrollo del Poder Judicial, que se inició en 1997, es una meta que sólo puede alcanzarse reconociendo el trabajo de los jueces y demás operadores del servicio judicial y respetando que cada quien ascienda por sus méritos. “El respeto al escalafón y el reconocimiento de la labor rendida, conjuntamente con la capacidad, deben ser las causas por las cuales un juez debe ser atendido en su aspiración de ser colocado en un rango superior al que desempeña en cada caso”, dijo.

Manifestó que están fortaleciendo el Sistema de Carrera, mediante la reestructuración del Concurso de Oposición para el Ingreso a la Escuela Nacional de la Judicatura; y la revisión del Sistema de Evaluación de Desempeño, para que sea lo más transparente, imparcial y justo posible; además, mejorando los salarios, con un aumento de un 20% en julio pasado, y la promoción de más de 150 jueces.

Añadió que “el desarrollo material, tecnológico e institucional será un aliado en la lucha contra la criminalidad”, lo cual combinado con jueces capaces coloca a la Suprema Corte de Justicia en condiciones de ofrecer una mejor justicia, ya que esta convencido de que con jueces mejores formados tenemos mayores posibilidades de ofrecer una justicia de mejor calidad.

Explicó que las metas para lograrlo son construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, el crimen organizado y la violencia en la convivencia social, consolidar las relaciones internacionales como instrumento de la promoción del desarrollo nacional, la convivencia pacífica, el desarrollo global, regional e insular sostenible y un orden internacional justo, en consonancia con los principios democráticos y el derecho internacional.

Además, hacer posible el cumplimiento de los propósitos del Plan Estratégico 2009-2013 con sujeción a los ejes estratégicos definidos y en consecuencia: reorientar, en espacio y tiempo, los diferentes tribunales para aumentar su productividad y eficiencia a un menor costo; mejorar la información y orientación a los ciudadanos sobre los servicios de la Administración de Justicia, derechos y deberes de la población; consolidar los avances del Sistema de Carrera Judicial; desarrollar y consolidar el Sistema de Carrera Administrativa, y fortalecer la integridad de los servicios judiciales; establecer un marco normativo, organizacional y procedimental actualizado; y modernizar la gestión de los órganos de dirección del Poder Judicial.

Manifestó que para el 2013, cuando finalice el período de este Plan Estratégico, se trabajará en el plan para el próximo quinquenio; es decir, 2014-2019, al tiempo que expresó que aún se esté en el proceso de modernización de la justicia, “debemos evitar que la frialdad de los medios de comunicación a través de la tecnología deshumanice la justicia, ya que la eficacia de la misma está vinculada a la accesibilidad, a la información, a la transparencia e incluso a la simple amabilidad en el trato”.

El magistrado Germán Mejía aseguró que el Poder Judicial seguirá los lineamientos consagrados en “La Carta de los Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano”, documento aprobado en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana en el año 2002, espacio en el que convergen los presidentes de los Poderes Judiciales de Iberoamérica.

Explicó que dicha carta propugna por: una justicia transparente, una justicia comprensible, en la cual el ciudadano tenga acceso y derecho a que los actos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios; una justicia atenta con todas las personas y responsable ante el ciudadano; una justicia ágil y tecnológicamente avanzada, y que proteja a los más débiles o vulnerables: niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad.

“Queremos colocar al ciudadano como el centro de atención de la provisión del servicio de justicia, asumiendo nuevos valores y estrategias de desarrollo institucionales y del Estado de Derecho que conviertan al Poder Judicial en un aliado de bienestar y progreso del pueblo dominicano, para así brindarles una justicia de calidad”, dijo.

DIVISIÓN DE COMUNICACIONES DEL PODER JUDICIAL