La magistrada Esther Agelán Casasnovas, jueza de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia consideró que corresponde “al juzgador” consolidar el sistema de protección de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, a los fines de lograr un “real y efectivo estado de derecho”.
La magistrada hizo el planteamiento, durante su ponencia en el Primer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, donde abordó el tema “Supremacía, integridad y protección de los derechos fundamentales”.
Explicó que el nuevo orden constitucional dominicano provee un sistema de protección de derechos fundamentales basado en la supremacía, integridad y protección.
Indicó que una de las áreas más interesantes de analizar sobre el tema de los derechos fundamentales es la procesal penal, ya que tales conceptos han sido objeto de gran debate y reflexión, especialmente a partir de la implementación del modelo de corte acusatorio que rige en la República Dominicana a partir del 2004.
En ese sentido dijo que a raíz de la reforma procesal penal en América Latina, se ha venido enfatizando en los conceptos de humanización y constitucionalización del proceso penal, “lo que obligatoriamente trae consigo la idea de que el respeto a los derechos humanos de las partes involucradas en el proceso, su superioridad y el límite a los mismos de forma no arbitraria y justificada, han de ser los pilares del desarrollo de cada una de su fases”.
Destacó que la Constitución dominicana a partir de su artículo 37, no solamente categoriza los derechos fundamentales, sino que deja claro su carácter integral. Entre esos derechos fundamentales, la jueza destacó el derecho a la vida, a la dignidad humana, a la libertad y la igualdad.
“Sin embargo, aunque existen derechos intocables, es preciso reconocer, y así lo ha hecho la misma ley de leyes, que existen limitaciones de derechos, pero que la limitante, es la creación de parámetros o reglas claras que conduzcan a evitar situación de arbitrariedad, abuso de poder o interpretaciones que colidan con los caracteres de justeza y utilidad que han de revestir la norma”, argumentó la jueza Agelán Casasnovas.
La magistrada indicó que para la protección de los derechos fundamentales, los que reconoció que son susceptibles de enfrentar limitaciones por parte del Estado, con la finalidad de evitar que se realicen de forma arbitraria e ilegítima, han sido diseñadas “una serie de herramientas en el orden jurídico llamadas garantías”.
Asimismo, explicó que las garantías tienen un doble objetivos, el primero la prevención ante la amenaza de vulneración de derechos y segundo los mecanismos de reclamos, una vez hayan sido vulnerados.
“En el primero de estos supuestos hacemos referencia a las denominadas garantías judiciales y en el segundo a las garantías normativas”, precisó.
En el Primer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional organizado por el Tribunal Constitucional, participan un total 28 expositores, 14 extranjeros y 14 dominicanos. El Congreso se realizó en el salón Las Carabelas, del hotel Quinto Centenario del 29 al 31 de enero.
Además de la magistrada Esther Agelán Casasnovas en el cónclave participó, el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Primer Sustituto del Presidente, quien tuvo a su cargo unas palabras de apertura en representación del magistrado Mariano Germán Mejía, quien se encuentra participando de la Conferencia de Jueces Presidentes de los Estados Unidos que se reúnen en Puerto Rico para discutir sobre el Acceso a la Justicia en Tiempos de Dificultades Económicas, tomando la experiencia de distintos países, realizado del 26 al 30 de enero en San Juan, Puerto Rico.
También tuvo una ponencia en el cónclave sobre derecho constitucional, el magistrado José Alberto Cruceta, quien abordó el tema “Contextos sociales en la declaración de los derechos fundamentales en República Dominicana”.
DIVISIÓN DE COMUNICACIONES DEL PODER JUDICIAL