El pleno de la Suprema Corte de Justicia designó 240 nuevos abogados notarios, de un total de 426 plazas vacantes para esos cargos en los departamentos judiciales de Santo Domingo, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Barahona, Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, La Vega, Montecristi y San Pedro de Macorís.

Los designados fueron sometidos a pruebas psicométricas y escritas, a evaluación de sus méritos académicos, y a entrevistas, de acuerdo a las bases del referido concurso de oposición. 

“La Suprema Corte de Justicia, debido a la importancia que tiene la función notarial en los actos realizados por los particulares, y en interés de garantizar la transparencia de la escogencia de estos oficiales públicos, así como la calidad profesional y las condiciones de aptitud moral de los mismos, ha diseñado un procedimiento de selección a través de un sistema de concurso de oposición, organizado en base a criterios objetivos en el que prima la capacidad profesional y la aptitud moral de los aspirantes”, subraya el pleno del alto tribunal en su resolución.

Sostiene además que el número de notarios en un municipio debe ser proporcional a su población, a razón de uno por cada 1,500 habitantes, y uno más por la fracción que exceda los 750.    

El grupo fue seleccionado luego de superar las pruebas correspondientes, las cuales fueron remitidas al Consejo del Poder Judicial y luego al pleno de la Suprema Corte de Justicia para la correspondiente designación.

La primera convocatoria al concurso de oposición para cubrir 426 plazas de notarios a nivel nacional, fue realizada el 1 de marzo de 2011 y el plazo de recepción de documentos concluyó el 8 de abril de 2011.  

Para ese entonces, fueron recibidas 801 solicitudes de aspirantes.

Los días 25, 26 y 27 de mayo de ese año 2011, fueron aplicadas las pruebas psicométricas a los aspirantes, en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a las 8:00 a.m. 

En interés de garantizar mayor transparencia del proceso, en la aplicación y corrección de estas pruebas psicométricas, intervino el Ministerio de Administración Pública (MAP), órgano externo al Poder Judicial.