Entidades lanzan Proyecto Tribunales de Tratamiento bajo Supervisión Judicial (TSJ)
Noticia publicada el viernes, 14 de junio de 2013
Con el objetivo de ofrecer tratamiento, rehabilitación y reinserción social a los infractores dependientes de drogas, como medida alternativa a su proceso penal o privación de libertad, fue lanzado este viernes 14 de junio, el proyecto Tribunales de Tratamiento bajo Supervisión Judicial (TSJ).
El proyecto es impulsado por el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional de Drogas, el Ministerio de Salud Pública y la Oficina Nacional de Defensoría Pública, con el apoyo de la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD)-OEA.
En el acto, realizado en el Auditorio del Poder Judicial, estuvieron presentes incumbentes y representantes de las referidas entidades, magistrado Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial; doctor Francisco Domínguez Brito, procurador General de la República, y doctor Fidias Aristy, presidente del Consejo Nacional de Drogas.
Además, el licenciado Bernabé Cruz Hernández, en representación del Ministerio de Salud Pública; licenciado Carlos Batista, por la Oficina Nacional de Defensoría Pública; Ángela Crowdy, secretaria ejecutiva adjunta en funciones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Secretaría de Seguridad Multidimensional de Organización de los Estados Americanos (OEA), y Araceli Azuara Ferreiro, representante Oficina de la Secretaría General de la OEA en República Dominicana.
Al hacer uso de la palabra, el magistrado Mariano Germán explicó que en este modelo de tribunal el imputado recibe una suspensión condicional del procedimiento, y se compromete, de forma voluntaria, a entrar en un programa de tratamiento para adictos, en el cual, bajo la supervisión del tribunal, se da seguimiento a los avances del tratamiento de la enfermedad de las personas favorecidas con la medida.
“Desde mi percepción del fenómeno, esta enfermedad crónica requiere de un tratamiento social, en el cual participen los órganos del Estado, ya que, en definitiva, son ellos los responsables de garantizar una sociedad con el menor número de traumas posibles”, exhortó el Magistrado.
Agregó que para el Poder Judicial, como para la sociedad en sentido general, el consumo de drogas y su tratamiento jurisdiccional continúan siendo de gran preocupación.
Asimismo, Fidias Aristy sostuvo que, por un lado, ese proyecto se constituye en una solución sanitaria y contribuirá a disminuir la comisión de delitos y la reincidencia.
En tanto que Ángela Crowdy indicó que con este modelo República Dominicana se convierte en un referente en todo el hemisferio, y que la OEA continuará brindando su apoyo técnico.
El Proyecto piloto de TSJ funcionará en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que preside la magistrada Kenya Romero.
Ese tipo de tribunales ha sido implementado en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica y Chile, países en donde ha dado excelentes resultados.
Estudios realizados por la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), del año 2010, certifican que la dependencia de drogas es una enfermedad crónica recurrente con múltiples determinantes, tanto biológicos, psicológico como sociales, y que debe ser considerada y tratada como un asunto de salud pública, al igual que otras enfermedades crónicas.
Ante esta realidad, en diciembre del 2010, la Secretaría Ejecutiva de la CICAD-OEA, anunciaba en su 48 período de sesiones ordinarias el lanzamiento del programa Tribunales de Tratamiento de Drogas en Las Américas, haciendo un llamado a los Estados miembros para que participaran en la iniciativa.
La República Dominicana realizó un estudio de viabilidad del Proyecto Modelo en el país, según el cual el 70% de las personas que delinquen tienen problemas con el consumo de drogas y se ven compelidos a violar la ley para poder satisfacer la dependencia.
De igual manera, un informe de la Defensoría Pública indica que existía una importante producción legislativa, aunada a un aumento de litigiosidad, congestionamiento de los tribunales ordinarios del país y hacinamiento en las cárceles de más de un 62%.
DIVISIÓN DE COMUNICACIONES DEL PODER JUDICIAL