El Poder Judicial realizó el estudio “Motivos de aplazamientos en las cámaras civiles y comerciales en las Cámaras Civiles y Comerciales de los Juzgados de Primera Instancia y Cortes de Apelación”, destinado a determinar las principales causas que producen los reenvíos, y buscar las soluciones de rigor para corregir esa problemática.
Se utilizó la información de los expedientes que tuvieron audiencias dentro del segundo semestre del año 2012 de la Cámara Civil y Comercial de los Juzgados de Primera Instancia y de las Cortes de Apelación de los Distritos y Departamentos Judiciales de Santo Domingo, Santiago, La Vega y Barahona. Adicional a estos, los expedientes de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Todas esas jurisdicciones tienen como común denominador que la causa principal de aplazamientos es la prórroga para la comunicación de documentos.
Entre los casos que se conocen en materia civil y comercial figuran demanda en daños y perjuicios, en cobros de pesos, en daños y perjuicios por accidentes de tránsito, divorcios por incompatibilidad de caracteres, embargo inmobiliarios, entre otros.
El estudio concluye sobre la necesidad de una normativa procesal civil moderna, en virtud de que la vigente está obsoleta. Por ello indica es urgente la aprobación del Proyecto que se encuentra en el Congreso Nacional.
“A raíz de los datos expuestos en el presente estudio, se concluye que es urgente la aprobación del anteproyecto del Código de Procedimiento Civil. El código vigente está obsoleto, y tiene densas lagunas con respecto a los plazos procesales; inclusive, en ocasiones, no establece plazos. Esta situación ha provocado que los jueces y las juezas de la jurisdicción civil y comercial encuentren en la necesidad de establecer plazos motus propio para regular los distintos aplazamientos apegados al “Derecho Común y a la sensatez propia del cargo”, indica el estudio.
Asimismo, dice que los frecuentes aplazamientos, no solamente causan malestar al usuario de las justicia, sino que constituye una gran carga económica para el Poder Judicial.
DIVISIÓN DE COMUNICACIONES DEL PODER JUDICIAL